Desfiladero
Tribunal Electoral: jaque a la reina
Jaime Avilés
En septiembre, cuando el nuevo Congreso quede instalado, el Poder Legislativo tendrá elementos de sobra para someter a juicio político –a fin de destituir y sancionar– a la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), María del Carmen Alanís Figueroa, por el cúmulo de violaciones constitucionales que perpetró, junto con sus compinches magistrados, al destruir deliberadamente el principio de certeza en la elección para jefe delegacional de Iztapalapa.
Las puntuales denuncias publicadas al respecto por conocedores profundos del tema como Miguel Ángel Granados Chapa, Eduardo R. Huchim, John Ackerman y Octavio Rodríguez Araujo no dejan lugar a dudas. Amiga, hace ya muchos años, de Margarita Zavala, de Felipe Calderón y de Germán Martínez, Alanís actuó por consigna de Los Pinos, a espaldas del derecho. Su actitud facciosa la descalifica para seguir fungiendo como máxima “autoridad” electoral del país. He aquí las pruebas que documentan sus atropellos.
Con el respaldo del movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, Clara Brugada ganó la elección interna del PRD en Iztapalapa por 99 mil 890 votos, lejos de los 94 mil 560 que obtuvo Silvia Oliva, de la corriente de Jesús Ortega. Inconforme con ese resultado, Oliva lo impugnó ante el Instituto Electoral del Distrito Federal, que anuló 25 casillas pero ratificó el triunfo de Brugada.
Oliva interpuso una nueva queja, ahora ante el TEPJF, el 18 de mayo. Ésta llegó el 22 de mayo a la sala regional correspondiente al DF, pero nadie la tomó en cuenta. El 2 de junio, impaciente, Oliva solicitó que la sala superior del TEPJF atrajera el caso, pero su petición fue rechazada por “extemporánea”, ya que el plazo para realizar ese trámite había expirado el 18 de mayo. ¿Ah, sí? Pues horas después, luego de un intercambio telefónico entre el PRD y Los Pinos, Alanís ordenó darle entrada al expediente, 15 días después de lo permitido por la ley. Primera violación constitucional grave.
Eduardo Huchim apunta que, el 8 de abril, esa misma sala superior se había negado a atraer una denuncia interpuesta contra el candidato del PAN en Gustavo A. Madero. Como éste es un hombre leal a Germán Garza, la presidenta del TEPJF lo protegió, pese a que el quejoso lo había impugnado en tiempo y forma. Segunda violación constitucional grave.
Alanís y sus magistrados se tardaron del 3 al 11 de junio para analizar la queja de Oliva contra Brugada. En ese lapso, fueron impresas las boletas electorales en que Brugada aparecerá el 5 de julio como candidata aunque ya no lo sea. Una vez logrado este perverso objetivo, el 12 de junio el TEPJF pronunció su fallo, irreversible, inatacable: después de anular 47 casillas de la elección interna del PRD, encontró que Silvia Oliva tenía 771 votos más que Clara Brugada; por lo tanto, era la nueva candidata.
¿Qué criterios emplearon los magistrados para anular más de 5 mil votos? ¿Detectaron “manipulación de las actas, introducción ilegal de boletas a las urnas, asalto a las casillas”?, se pregunta Huchim. Nada de eso: el argumento supremo que invocaron fue que los funcionarios de esas 47 casillas no pertenecen al padrón de militantes del PRD. Y el TEPJF puso por encima de las leyes federales vigentes en el país, el reglamento interno de un partido, que no se aplica a ninguna otra circunstancia. Tercera violación constitucional grave.
La cuarta, sin duda la peor de todas, consistió en que Alanís y los magistrados manipularon los tiempos para que el nombre de Brugada quedara impreso en las boletas con la intención de confundir a los ciudadanos. “La función más importante de un tribunal es dar certeza jurídica, y lo que hizo el TEPJF en Iztapalapa fue exactamente lo contrario”, afirmó Huchim, entrevistado por el autor de esta columna el pasado martes, entre 8 y 9 de la noche, en el programa Discrepancias, que conduce Miguel Angel Velázquez en Radio UNAM. ¿Esto convierte a Maricarmen Alanís en delincuente electoral?, intentó precisar el columnista. Huchim contestó: “Podría ser llevada a juicio político por el Congreso”.
Después de emitir su sentencia, el TEPJF incurrió en nuevos atropellos: ordenó al Instituto Electoral del DF (IEDF) que registrara a Oliva como candidata del PRD. El IEDF respondió que, antes, debía examinar el reporte de gastos de precampaña de Oliva para ver si no se había sobrepasado. Como esta respuesta lo sacó de sus casillas, el TEPJF estalló, fijándole al IEDF un plazo perentorio: “si no la registran mañana sábado, se les acusará de desacato”. La banda del TEPJF no había reparado en que el IEDF ya había convocado a sesión el domingo, pero como tenía encima la presión histérica de Maricarmen, registró a Oliva a destiempo y sin haber revisado sus gastos de precampaña. En los próximos días podría llegarse al colmo del absurdo: si se comprobara que Oliva gastó más de lo tolerado por la ley, el IEDF tendría que volver a darle la candidatura a Brugada.
Todas estas acciones ilícitas, inmorales, vergonzosas, canallescas, propias de un coyote de barandilla, no del “máximo” tribunal en asuntos electorales, aconsejan que si hemos de frenar el envilecimiento de las instituciones públicas en México se deben tomar las medidas necesarias para separar de su cargo a Maricarmen Alanís, porque ella perdió en Iztapalapa todo vestigio de autoridad moral y, por lo tanto, no podrá arbitrar las elecciones presidenciales de 2012, por más amiga que sea de Margarita Zavala, de Calderón y del resto de la camorra panista.
Después de conocer en detalle las chicanadas que el TEPJF cometió en Iztapalapa, los lectores comprenderán mejor por qué, para encubrirlas, ahora Televisa vomita torrentes de odio en contra de López Obrador, cuya estrategia para lograr que la resistencia civil pacífica vote por el candidato del PT a fin de que gobierne Brugada, ha obtenido un rotundo éxito. Si no fuera así, la ultraderecha no habría alquilado pepsicólogos y pepsiquiatras para “diagnosticar” que Andrés Manuel es un “sicópata muuuy peligroso”, ni hubiera desamarrado a Fernández de Cevallos para que saliera a proclamar la “noticia”, ladrando como acostumbra, con la cara torcida por la desesperación. Y es que, péjele a quien le peje, no pueden con el Peje...
Otra amiga de la familia
¿Usted sabe dónde está Carla Rochín Nieto o por lo menos quién es? De acuerdo con el curriculum vitae que obra en los archivos del departamento de recursos humanos del Instituto Mexicano del Seguro Social, es licenciada en decoración de interiores por la Universidad de Guanajuato y cursó varios diplomados: uno, en “políticas públicas”, que no terminó, por el ITAM; otro, en “alta administración municipal”, por el Tec de Monterrey; dos más en “administración pública” y “calidad en la administración pública”, por el IAP; otro en “derecho parlamentario” por el PAN, y de pilón uno extra en “administración pública municipal”, por la Complutense de Madrid.
Además de haber sido “gerente general del restaurante El Gallo Pitagórico” (no puso qué tipo de comida sirve), de 1988 a 2000, gracias a su ferviente devoción por los asuntos municipales, fue secretaria particular del alcalde de Salamanca, Guanajuato. De 2003 a 2006 fue diputada federal panista. De diciembre de 2006 a julio de 2007 fue directora general de Culturas Populares, cargo desde el cual salió para convertirse en coordinadora nacional de las guarderías subrogadas del IMSS en donde hoy, como tal, es responsable directa de la guardería ABC de Hermosillo y de la muerte que en ella encontraron 47 bebitos por negligencia criminal.
¿Alguien sabe por qué nunca ha dado la cara ante la opinión pública o por qué no la ha entrevistado la siempre “imparcial y objetiva” Televisa? Obvio: porque al igual que Maricarmen Alanís, Carla Rochín es muy amiga de Margarita Zavala y por lo mismo protegida de Felipe Caldherodes.
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