APOLINAR ALVAREZ,
La Voz de Michoacán
La Voz de Michoacán
PEDIRAN JUICIO POLITICO A F C H
Los 32 exfuncionarios públicos implicados en el “michoacanazo” analizan las estrategias jurídicas
que emprenderán en contra del Ejecutivo Federal, a fin de buscar la reparación del 100 por ciento del daño moral y económico ocasionado a los detenidos y a sus familias, advirtió el presidente del Grupo Plural del Senado de la República que dio seguimiento al caso, Carlos Sotelo García, en el marco de la conmemoración del primer aniversario del traslado a Morelia de los involucrados.
Fue contundente al aseverar que no se descarta la posibilidad de entablar un proceso de Juicio Político necesario para que el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, considerado como el principal impulsor del operativo, rinda cuentas sobre las presuntas arbitrariedades cometidas en perjuicio de este grupo de ex servidores públicos.
“Esta medida ejecutada no fue una acción de combate al crimen organizado como se dijo al país mediante una campaña masiva de desinformación. En realidad todo se trató de un ejercicio de abuso de poder, quizá el único poder real que ejerce el primermandatario de México; el de la arbitrariedad y transgresión permanente del Estado de Derecho”. Agregó que en
este caso se hizo evidente la intención de desestabilizar a un gobierno emanado de un partido
político de izquierda.
Sotelo García enfatizó que el
traslado de los michoacanos encarcelados no se debió a una concesión benévola de la Procuraduría General de la República (PGR) y/o de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Recalcó que con el cambio de centro penitenciario se logró el primer reconocimiento formal de que las detenciones constituyeron una infamia en medio de arbitrariedades y un montaje con objetivos puramente político-electorales ejecutado directamente por el Ejecutivo Federal.
Ante la presencia de varios de los liberados, el legislador perredistamencionó que para poder declarar la procedencia del traslado del Centro de Readaptación Social número cuatro “Noroeste” el Rincón, con residencia en Tepic Nayarit, al Centro de Readaptación Social “Lic. David Franco
Rodríguez”, con sede en Morelia, se requirió la actuación del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que, ante la evidencia de la injusticia, mostró la sensibilidad para dotar de competencia a determinados Juzgados de Distrito para conocer de delitos cometidos en lugar distinto al de su jurisdicción, por razones de seguridad.
“El michoacanazo se rige ya como un caso paradigmático que obliga a que, desde las instituciones
del Estado, se haga una profunda revisión para replantear las bases legales de lucha en contra de
los grupos relacionados con la delincuencia organizada”. El senador puntualizó que jamás se cumplieron los supuestos establecidos en la ley para la procedencia del arraigo, puesto que ninguno de los funcionarios intentó huir de la justicia. Recordó que todos fueron aprehendidos en sus lugares de trabajo y domicilios particulares, además de que dos de ellos se presentaron
por su propio pie ante las instancias correspondientes.
Carlos Sotelo denunció que durante las averiguaciones previas y la instrucción de las causas penales, la PGR nunca aportó elementos probatorios válidos y suficientes
para acreditar la supuesta responsabilidadde inculpadas einculpados en los delitos de delincuenciaorganizada y contra lasalud. Alzó la voz para decir que“los testigos colaboradores sólo lo fueron de oídas porque declararonsobre hechos y circunstancias que presuntamente les refirieron terceras personas, pero que jamás constataron
de manera personal”.
Luego de proyectar un colage con las imágenes del traslado de los entonces presos, el servidor público aseveró que, por elemental justicia, los implicados en el proceso
han sido liberados uno a uno en el transcurso de los últimos
meses, ya que la absoluta inocencia de los mismos fue plenamente confirmada no sólo por el Juez de la causa, sino también, de manera total, por un Tribunal Unitario, un
Tribunal Colegiado y distintos Jueces de Amparo.
Expuso que la Procuraduría General de la República ahora pretende crear una cortina de humo para ocultar su arbitrariedad acusando de responsabilidad oficial al Juez Primero de Distrito del estado de Michoacán. Dijo que con la queja presentada en contra de esta persona, la Parva hacia un nuevo fracaso institucional al no contar
con ningún sustento. “Resulta absurda la pretensión del órgano encargado de la procuración de justicia de poner en duda la actuación del Poder Judicial, con el
único objetivo de ocultar las acciones ilegales y arbitrarias emprendidas por la federación”.
Lamentó que a un año de que a un año del traslado al Cereso David Franco Rodríguez todavía permanezca recluido el alcalde de Mújica, Armando Medina Torres. En este
sentido, consideró que el caso no ha sido resuelto por la indebida dilación en los trámites del proceso 9/2010-1, que se instruye ante el Juez Octavo de Distrito en Michoacán con sede en Uruapan.
“Exigimos la resolución del caso pendiente así como la inmediata liberación del edil, en cumplimiento a la garantía esencial de recibir administración de justicia pronta y expedita.
Los 32 exfuncionarios públicos implicados en el “michoacanazo” analizan las estrategias jurídicas
que emprenderán en contra del Ejecutivo Federal, a fin de buscar la reparación del 100 por ciento del daño moral y económico ocasionado a los detenidos y a sus familias, advirtió el presidente del Grupo Plural del Senado de la República que dio seguimiento al caso, Carlos Sotelo García, en el marco de la conmemoración del primer aniversario del traslado a Morelia de los involucrados.
Fue contundente al aseverar que no se descarta la posibilidad de entablar un proceso de Juicio Político necesario para que el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, considerado como el principal impulsor del operativo, rinda cuentas sobre las presuntas arbitrariedades cometidas en perjuicio de este grupo de ex servidores públicos.
“Esta medida ejecutada no fue una acción de combate al crimen organizado como se dijo al país mediante una campaña masiva de desinformación. En realidad todo se trató de un ejercicio de abuso de poder, quizá el único poder real que ejerce el primermandatario de México; el de la arbitrariedad y transgresión permanente del Estado de Derecho”. Agregó que en
este caso se hizo evidente la intención de desestabilizar a un gobierno emanado de un partido
político de izquierda.
Sotelo García enfatizó que el
traslado de los michoacanos encarcelados no se debió a una concesión benévola de la Procuraduría General de la República (PGR) y/o de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Recalcó que con el cambio de centro penitenciario se logró el primer reconocimiento formal de que las detenciones constituyeron una infamia en medio de arbitrariedades y un montaje con objetivos puramente político-electorales ejecutado directamente por el Ejecutivo Federal.
Ante la presencia de varios de los liberados, el legislador perredistamencionó que para poder declarar la procedencia del traslado del Centro de Readaptación Social número cuatro “Noroeste” el Rincón, con residencia en Tepic Nayarit, al Centro de Readaptación Social “Lic. David Franco
Rodríguez”, con sede en Morelia, se requirió la actuación del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que, ante la evidencia de la injusticia, mostró la sensibilidad para dotar de competencia a determinados Juzgados de Distrito para conocer de delitos cometidos en lugar distinto al de su jurisdicción, por razones de seguridad.
“El michoacanazo se rige ya como un caso paradigmático que obliga a que, desde las instituciones
del Estado, se haga una profunda revisión para replantear las bases legales de lucha en contra de
los grupos relacionados con la delincuencia organizada”. El senador puntualizó que jamás se cumplieron los supuestos establecidos en la ley para la procedencia del arraigo, puesto que ninguno de los funcionarios intentó huir de la justicia. Recordó que todos fueron aprehendidos en sus lugares de trabajo y domicilios particulares, además de que dos de ellos se presentaron
por su propio pie ante las instancias correspondientes.
Carlos Sotelo denunció que durante las averiguaciones previas y la instrucción de las causas penales, la PGR nunca aportó elementos probatorios válidos y suficientes
para acreditar la supuesta responsabilidadde inculpadas einculpados en los delitos de delincuenciaorganizada y contra lasalud. Alzó la voz para decir que“los testigos colaboradores sólo lo fueron de oídas porque declararonsobre hechos y circunstancias que presuntamente les refirieron terceras personas, pero que jamás constataron
de manera personal”.
Luego de proyectar un colage con las imágenes del traslado de los entonces presos, el servidor público aseveró que, por elemental justicia, los implicados en el proceso
han sido liberados uno a uno en el transcurso de los últimos
meses, ya que la absoluta inocencia de los mismos fue plenamente confirmada no sólo por el Juez de la causa, sino también, de manera total, por un Tribunal Unitario, un
Tribunal Colegiado y distintos Jueces de Amparo.
Expuso que la Procuraduría General de la República ahora pretende crear una cortina de humo para ocultar su arbitrariedad acusando de responsabilidad oficial al Juez Primero de Distrito del estado de Michoacán. Dijo que con la queja presentada en contra de esta persona, la Parva hacia un nuevo fracaso institucional al no contar
con ningún sustento. “Resulta absurda la pretensión del órgano encargado de la procuración de justicia de poner en duda la actuación del Poder Judicial, con el
único objetivo de ocultar las acciones ilegales y arbitrarias emprendidas por la federación”.
Lamentó que a un año de que a un año del traslado al Cereso David Franco Rodríguez todavía permanezca recluido el alcalde de Mújica, Armando Medina Torres. En este
sentido, consideró que el caso no ha sido resuelto por la indebida dilación en los trámites del proceso 9/2010-1, que se instruye ante el Juez Octavo de Distrito en Michoacán con sede en Uruapan.
“Exigimos la resolución del caso pendiente así como la inmediata liberación del edil, en cumplimiento a la garantía esencial de recibir administración de justicia pronta y expedita.
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